Desde la comodidad de sus millones($): quiénes rechazan una Rendición que prioriza a la infancia, la seguridad y la educación

La Coalición Republicana resolvió que no votará en general el proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el gobierno. La decisión fue anunciada antes de que terminara el proceso de comparecencias de los organismos públicos y antes de que el Parlamento discutiera en profundidad cada una de las disposiciones incluidas en la iniciativa.

Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente fijaron así una posición común contra el proyecto en general. A ellos se suma una postura crítica de Identidad Soberana.

No se trata todavía de saber qué harán frente a cada artículo concreto. Los legisladores podrán acompañar algunas disposiciones durante la votación particular. Pero el mensaje político que eligieron transmitir es inequívoco: antes de que las instituciones terminen de explicar sus necesidades y antes de agotar el debate parlamentario, ya resolvieron rechazar el proyecto como un todo.

La pregunta, entonces, es qué están rechazando.

La Rendición de Cuentas incorpora recursos adicionales para cuatro áreas definidas como prioritarias: infancia, seguridad pública, educación y atención a personas en situación de calle. El proyecto también contempla el fortalecimiento de la atención en salud mental y ASSE, recursos para el INAU, beneficios para las cooperativas de vivienda y la incorporación de 300 nuevos policías.

Es decir, no se está discutiendo una abstracción contable.

Se está discutiendo si el Estado contará con más herramientas para enfrentar la pobreza infantil. Si habrá más policías patrullando. Si los niños y adolescentes atendidos por el INAU recibirán una respuesta mejor. Si las personas que necesitan atención en salud mental podrán acceder a ella. Si las cooperativas de vivienda podrán construir con menos costos. Si la educación tendrá más recursos. Si las personas que viven en la calle serán tratadas como ciudadanos con derechos y no como parte del paisaje urbano.

Y quienes anunciaron que no votarán el proyecto no observan estos problemas desde el mismo lugar que las familias afectadas.

Los patrimonios declarados por quienes dicen que no

Un relevamiento publicado por El País, elaborado a partir de 123 declaraciones juradas presentadas ante la Junta de Transparencia y Ética Pública, ubicó entre los diez mayores patrimonios declarados a varios legisladores del Partido Nacional, el Partido Colorado e Identidad Soberana.

Los datos muestran desde qué realidad material se toman decisiones que afectarán a personas que viven en condiciones completamente diferentes.

Encabezando el ranking aparece el diputado del Partido Nacional Domingo Rielli, con un patrimonio neto declarado de $294.021.769.

Son casi 300 millones de pesos.

En segundo lugar se encuentra el diputado colorado por Salto Horacio de Brum, con un patrimonio declarado de $197.223.390.

El tercer puesto corresponde al diputado nacionalista Rodrigo Goñi, con $123.923.000.

El también nacionalista Carlos Moreira declaró un patrimonio de $77.536.848.

El diputado colorado Walter Cervini aparece con $65.794.423.

El senador colorado Pedro Bordaberry declaró $44.456.526.

Otro senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, figura con un patrimonio de $43.221.861.

La diputada de Identidad Soberana Nicolle Salle aparecía en el relevamiento con $42.167.526. En este caso existe una aclaración indispensable: Salle afirmó que esa cifra contenía un error, porque uno de sus apartamentos fue registrado por $39 millones cuando, según explicó, debía figurar por $3,9 millones. La legisladora aseguró que presentó una rectificación ante la JUTEP. Por lo tanto, el monto publicado originalmente no debería interpretarse como su patrimonio real corregido.

El décimo lugar del ranking corresponde al senador nacionalista Rodrigo Blás, con $41.881.875.

Los números sirven para poner la discusión en perspectiva.

Quien tiene un patrimonio de $294 millones puede atravesar una crisis sin preguntarse si habrá comida suficiente hasta fin de mes.

Quien dispone de $197 millones no depende de un aumento en una transferencia pública para comprarle championes a su hijo.

Quien declaró más de $123 millones difícilmente tenga que elegir entre pagar la luz, comprar medicamentos o completar la comida de la semana.

¿En contra de reducir la pobreza infantil?

Uno de los principales objetivos de la Rendición de Cuentas es reforzar las transferencias dirigidas a la infancia y a los hogares más vulnerables.

El gobierno sostiene que las medidas pueden producir una reducción del entorno del 25% en la pobreza infantil. El proyecto destina recursos adicionales a transferencias para niños y niñas, fortalece la atención del INAU y concentra parte de los incrementos presupuestales en los hogares que atraviesan las situaciones más graves.

Uruguay convive desde hace años con una desigualdad difícil de justificar: la pobreza golpea con mucha más fuerza a los niños que a los adultos.

El lugar que una persona ocupa al nacer sigue determinando buena parte de sus posibilidades futuras. El barrio, los ingresos de su familia, la calidad de la alimentación, las condiciones de la vivienda y el acceso a servicios educativos y de cuidados no son detalles. Construyen o destruyen oportunidades desde los primeros años de vida.

Frente a esa realidad, la oposición decidió comenzar la discusión diciendo que no.

¿Están en contra de reforzar los ingresos de los hogares más pobres?

¿Están en contra de que el Estado atienda de manera prioritaria a los niños que nacen con menos oportunidades?

¿Están en contra de reducir un 25% la pobreza infantil?

Esas preguntas no se contestan con una conferencia de prensa ni con una consigna sobre el déficit. Se contestan explicando qué recursos concretos eliminarían, qué medidas sustituirían y qué respuesta alternativa ofrecen a las familias.

Porque cuando un legislador con decenas o cientos de millones de pesos declarados rechaza una política de transferencias, la pérdida no aparece en su mesa.

Aparece en la mesa de otro.

¿En contra de incorporar 300 policías?

La oposición construyó buena parte de su discurso político alrededor de la seguridad pública. Durante años presentó el delito, la violencia y el narcotráfico como los problemas centrales del país.

Sin embargo, la Rendición de Cuentas plantea incorporar 300 nuevos policías para fortalecer el patrullaje y la presencia territorial.

No se trata de una promesa vaga. Se trata de más funcionarios para una tarea que la propia oposición reclama todos los días.

Por eso resulta inevitable preguntar: ¿están en contra de incorporar 300 policías?

¿Consideran innecesario reforzar el patrullaje?

¿Van a votar los artículos que financian esas incorporaciones después de haber rechazado el proyecto en general?

La contradicción es política. No se puede reclamar permanentemente más presencia policial y, al mismo tiempo, anunciar un rechazo general a un proyecto que asigna recursos para ampliar esa presencia.

Después de tomar esta decisión, quienes integran la coalición tendrán que explicar con qué autoridad cuestionarán la falta de personal o de patrullaje si no acompañan los recursos necesarios para atenderla.

Menos viajes oficiales, más recursos para el INAU

El proyecto también propone reducir gastos vinculados a viajes oficiales y redirigir recursos hacia la atención de niños y adolescentes mediante el INAU.

La medida encierra una definición política clara: limitar gastos que no son prioritarios para invertir en una institución que atiende algunas de las situaciones sociales más delicadas del país.

Quienes rechazan la Rendición deberían explicar si están en contra de esa reasignación.

¿Prefieren conservar recursos para viajes oficiales antes que destinarlos al INAU?

¿Consideran que la atención de niños y adolescentes puede esperar?

¿Dónde proponen recortar para financiar esas políticas?

La discusión presupuestal siempre implica decidir prioridades. No alcanza con decir que se debe gastar menos. Hay que decir dónde. Tampoco alcanza con reclamar eficiencia: hay que explicar qué programa se elimina, qué inversión se posterga y qué personas deberán esperar.

El gobierno propone ahorrar en viajes y reforzar el INAU. La oposición comenzó respondiendo que no votará el proyecto en general.

Salud mental, ASSE y cuidados

La crisis de salud mental atraviesa familias de todos los departamentos y sectores sociales. Las demoras, la falta de especialistas, las dificultades para recibir atención sostenida y el costo de los tratamientos privados convierten el acceso a la salud mental en uno de los grandes problemas del país.

Para una persona con recursos, una consulta privada puede ser costosa pero posible.

Para un trabajador con ingresos bajos, una madre sola, un adolescente de un hogar pobre o una persona desempleada, muchas veces no existe esa alternativa. Dependen de ASSE y del sistema público.

La Rendición de Cuentas plantea fortalecer la atención en salud mental y mejorar los recursos de ASSE.

También incluye inversiones relacionadas con educación y cuidados, dos áreas especialmente importantes para las mujeres, que todavía asumen una proporción desmedida de las tareas no remuneradas dentro de los hogares.

Rechazar estas inversiones desde una posición de seguridad económica tiene consecuencias.

Quien dispone de un patrimonio millonario puede pagar atención, contratar cuidados o buscar alternativas privadas. Quien vive de su salario o de una transferencia pública no tiene ese margen.

Por eso la situación patrimonial no invalida la opinión de ningún legislador, pero vuelve legítimo exigir una sensibilidad especial frente a las consecuencias de su voto.

No se les pide que pidan disculpas por lo que tienen.

Se les exige que recuerden a quienes no tienen.

Cooperativas de vivienda: construir sin pagar IVA

La Rendición también propone eliminar el IVA aplicado a materiales de construcción y servicios contratados por cooperativas de vivienda.

Las cooperativas representan una de las principales formas de acceso colectivo a la vivienda en Uruguay. Sus integrantes aportan ahorro, trabajo, organización y años de esfuerzo para alcanzar una casa propia.

La exoneración permitiría reducir el costo de construcción y liberar recursos para que los proyectos puedan avanzar.

¿La oposición también está en contra de esta medida?

¿Los legisladores que poseen varios inmuebles o patrimonios superiores a los $40 millones consideran injustificado aliviar los costos que enfrentan las familias organizadas para construir su primera vivienda?

No se cuestiona que un legislador tenga propiedades. Se cuestiona que desde esa seguridad habitacional se bloquee, sin discusión suficiente, una herramienta dirigida a quienes todavía luchan por conseguir un techo.

Hablar de “comodidad” no significa acusar a nadie de haber obtenido sus bienes ilegítimamente. Significa señalar una distancia material concreta.

Para algunos, una vivienda es uno de varios activos incluidos en una declaración jurada.

Para otros, es un proyecto que demanda quince o veinte años de esfuerzo colectivo.

Una inversión histórica en educación

El proyecto incorpora además nuevos recursos para la educación.

La oposición podrá discutir si son suficientes, si deben distribuirse de otra manera o si existen aspectos que necesitan modificaciones. Ese es, precisamente, el trabajo parlamentario.

Lo difícil de justificar es anunciar el rechazo general antes de completar la discusión.

¿Están en contra de incrementar la inversión educativa?

¿Creen que los centros educativos pueden seguir esperando mejoras?

¿Consideran que la educación pública no debe ser una prioridad en una Rendición que necesariamente opera dentro de restricciones fiscales?

La educación es uno de los principales instrumentos que tiene una sociedad para reducir la desigualdad de origen. Los hijos de las familias más ricas pueden acceder a clases particulares, instituciones privadas, tecnología, idiomas y redes de contactos.

Los hijos de los hogares trabajadores dependen en mucha mayor medida de la calidad del sistema público.

Cuando se rechazan recursos educativos, las consecuencias tampoco se distribuyen de forma pareja.

Rechazar antes de escuchar

El aspecto más grave de la decisión no es solamente su contenido. Es el momento elegido.

Los partidos de la coalición anunciaron su rechazo antes de escuchar todas las comparecencias, antes de analizar completamente cada artículo y antes de intentar mejorar el proyecto mediante la negociación parlamentaria.

Discutir, controlar, cuestionar y modificar una Rendición de Cuentas es parte de la responsabilidad de cualquier oposición. Nadie le exige que acompañe ciegamente al gobierno.

Pero existe una diferencia entre ejercer el control y cerrar la puerta antes del debate.

Si ya se sabe de antemano que el proyecto será rechazado en general, ¿qué valor se le asigna a la comparecencia de las instituciones?

¿Para qué se escucha a las autoridades del INAU, ASSE, Interior o Educación si la decisión política ya está tomada?

¿Para qué se estudia el articulado si el veredicto fue anunciado antes de terminar el proceso?

El Parlamento no es un escenario destinado únicamente a ratificar decisiones adoptadas en reuniones partidarias. Es el lugar donde las propuestas deben ser examinadas, corregidas y confrontadas con la realidad.

Escuchar no obliga a votar.

Pero votar políticamente antes de escuchar revela que el objetivo no parece ser mejorar el proyecto, sino construir un rechazo.

Los nombres detrás del “no”

Las decisiones colectivas también tienen responsables individuales.

Domingo Rielli, Partido Nacional: patrimonio declarado de $294.021.769.

Horacio de Brum, Partido Colorado: $197.223.390.

Rodrigo Goñi, Partido Nacional: $123.923.000.

Carlos Moreira, Partido Nacional: $77.536.848.

Walter Cervini, Partido Colorado: $65.794.423.

Pedro Bordaberry, Partido Colorado: $44.456.526.

Tabaré Viera, Partido Colorado: $43.221.861.

Nicolle Salle, Identidad Soberana: figuró con $42.167.526, aunque la legisladora informó que el monto estaba inflado por un cero agregado por error en el valor de un inmueble y que solicitó su rectificación.

Rodrigo Blás, Partido Nacional: $41.881.875.

La distancia entre quienes deciden y quienes recibirán o dejarán de recibir los recursos.

La distancia entre un patrimonio de cientos de millones de pesos y un hogar que necesita una transferencia para terminar el mes.

Entre quien puede pagar atención privada y quien espera una consulta en ASSE.

Entre quien tiene inmuebles declarados y quien levanta una cooperativa durante años.

Entre quien puede garantizar a sus hijos alimentación, educación y cuidados y quien depende de que el Estado no mire hacia otro lado.

No es un golpe al gobierno

La oposición intentará presentar su rechazo como una derrota política para el Frente Amplio.

Pero los recursos que no se aprueben no salen de la cuenta bancaria de un partido.

Un policía que no se incorpora no perjudica al Frente Amplio: deja un barrio con menos patrullaje.

Una transferencia que no llega no castiga al gobierno: golpea a un niño pobre.

Un recurso que se retira de ASSE no afecta a un dirigente: afecta a un paciente.

Una exoneración que no se vota no perjudica a una bancada: encarece la vivienda de una cooperativa.

Una inversión educativa que se bloquea no queda encerrada dentro del Palacio Legislativo: se traduce en menos herramientas para estudiantes y docentes.

Por eso poner palos en la rueda antes de comenzar el debate no constituye solamente una estrategia contra el Poder Ejecutivo.

Es una decisión que puede golpear directamente la vida de la gente.

Desde la comodidad también se debe rendir cuentas

Quienes se encuentran entre los dirigentes con mayores patrimonios del país deben explicar por qué rechazan en general un proyecto dirigido, en buena medida, a quienes viven en el extremo opuesto de la escala social.

Deben explicar qué alternativa proponen para reducir la pobreza infantil.

Cómo financiarían la incorporación de policías.

Qué harían para fortalecer la salud mental.

Qué recursos asignarían a ASSE y al INAU.

Cómo reducirían el costo de las viviendas cooperativas.

Qué inversión educativa consideran suficiente.

Y, fundamentalmente, por qué anunciaron su rechazo antes de terminar de escuchar.

La riqueza personal no inhabilita a nadie para representar a la ciudadanía. Pero tampoco puede funcionar como una burbuja que oculte las consecuencias de las decisiones.

Desde la comodidad de un patrimonio millonario es sencillo hablar de números, equilibrio fiscal y señales políticas.

Más difícil es mirar a los ojos a una familia que depende de una transferencia, a un adolescente que espera atención psicológica, a un vecino que reclama patrullaje o a una cooperativista que lleva años levantando su casa y decirle que el proyecto que podía ayudarla fue rechazado antes de que terminara el debate.

La oposición quiso enviarle un mensaje al gobierno.

El problema es que el costo de ese mensaje no lo pagará el gobierno.

Lo puede terminar pagando la gente.