Perú: Entre la polarización, el fraude y la represión.

Perú lastimosamente ya nos tiene acostumbrados a la inestabilidad política. Ocho presidentes en 10 años, procesos de destitución, renuncias, causas judiciales, exilios y crisis institucional. Pero ¿Qué pasó esta vez?

Hace apenas dos semanas se realizaron nuevas elecciones presidenciales. Con el expresidente Pedro Castillo encarcelado, la izquierda presentó la candidatura de Roberto Sánchez, dirigente continuista de Castillo. En la otra vereda está Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori —condenado por violaciones a los derechos humanos y corrupción—, a quien ella misma definió como "el mejor presidente de la historia del Perú".

Desde entonces, protestas, denuncias públicas y un clima de tensión política. ¿Pero por qué?

Los últimos datos del organismo electoral dan como ganadora a Keiko Fujimori por 43.386 votos, tan solo un 0,118% sobre el total emitido, pero lo increíble es que en territorio peruano, Sánchez ganó con una ventaja de 38.007 votos. Esto significa que la diferencia en la elección provino del voto en el exterior, donde se denuncia la existencia de irregularidades, entre ellas la repetición de votos en favor de Fujimori y otras inconsistencias que deberían ser investigadas antes de proclamar un resultado definitivo.

Y mientras el país continúa en tensión, la derecha no se detiene. El discurso de la “antipolítica”, tan en boga en estos tiempos, no es más que una estrategia de vaciamiento para alejar a la ciudadanía de los espacios de decisión. Bien sabemos que cuando el pueblo abandona esos lugares, otros ocupan el lugar inmediatamente. En el Perú, ese espacio seguirá ocupando el mismo apellido.

Tan solo ayer, la bancada fujimorista impulsó y logró aprobar una ley que obliga al archivo inmediato de las causas judiciales contra integrantes de las fuerzas represivas por delitos cometidos durante estados de emergencia. Esta iniciativa, aprobada en pleno recuento electoral, es interpretada por los organismos de derechos humanos como un gravísimo pacto de impunidad y un retroceso histórico en materia de verdad y justicia. La derecha se asegura la impunidad justo antes de tomar el control del Gobierno y de las Fuerzas Armadas.

Esta última elección es un fiel reflejo de un síntoma compartido en nuestra América Latina: procesos electorales donde se enfrentan dos proyectos diametralmente opuestos, marcados por la alta abstención y que terminan definiéndose por un puñado de votos. Por un lado, observamos un proyecto de derecha radicalizada, alentado por los intereses de Estados Unidos y sintonizado con fenómenos regionales como el mileísmo en Argentina o Kast en Chile; expresiones que combinan una gobernanza neoliberal salvaje con tintes autoritarios y represivos en lo social, sosteniendo su narrativa en el odio y el agrietamiento comunitario.

Por el otro lado, se erige una izquierda que encuentra su respaldo en las zonas rurales, las periferias y los sectores históricamente relegados que ven en este proyecto una herramienta de dignificación. No obstante, aquí cabe como seres de izquierda un análisis interno, a pesar de mantener una base social de apoyo y una enorme capacidad de movilización, se sigue mostrando dificultades para sostener proyectos de largo aliento. El desafío sigue siendo el mismo: cómo pasar de la resistencia electoral a la modificación estructural de un sistema desigual que se autoproduce a través de la injusticia.